Carlos Caramés, portavoz del PP de Piélagos, y Marco Antonio Pelayo, concejal representante de Ciudadanos, han solicitado conjuntamente al consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Luis Gochicoa, una reunión para abordar el estado de tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los populares quieren desarrollar en Piélagos la misma hoja de ruta que se está llevando a cabo en el municipio de Argoños para salvar del derribo la mayor cantidad posible de viviendas.
La idea básica es que la aprobación de un nuevo PGOU podría determinar un nuevo marco en el que al menos 63 de esas 80 viviendas con sentencia de derribo pudieran legalizarse. En cualquier caso, los vecinos afectados estarían obligados a realizar un nuevo proyecto básico adaptado y solicitar de nuevo licencia al ayuntamiento para someterse después a la consideración de los jueces.
Esta “puerta abierta” que ya está en marcha en Argoños no se ha desarrollado sin embargo en Piélagos para estupefacción de los vecinos afectados. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio ha entrado en vía muerta pese a que la Memoria Ambiental, uno de los trámites más críticos, fue declarada favorable hace 28 meses. “Va a acabar la legislatura y la alcaldesa no explica por qué ha dejado el plan en el cajón”, recalca Carlos Caramés.
El portavoz popular recuerda que “este no es el plan general que nosotros hubiéramos presentado”, pero “prima la responsabilidad de todos los representantes políticos para llegar a acuerdos que no obstaculicen el desarrollo del municipio”, concluye Caramés. En su opinión, “en Piélagos hemos aprendido que el urbanismo es responsabilidad histórica de todos los grupos políticos y así va a continuar siendo en el futuro, por lo que hay que obrar con responsabilidad y transparencia”.
La alcaldesa, Verónica Samperio, siempre dice que la aprobación del PGOU es “inminente” cada vez que el Partido Popular pregunta en el pleno o cuando son los propios vecinos los que le transmiten sus inquietudes. Pero lo cierto es que la falta de información sigue siendo total.
Hasta la fecha en estos casi dos años y medio desde que se obtuvo el visto bueno ambiental del proyecto, los movimientos del tripartito siempre han sido en sentido contrario a activar una hoja de ruta como la de Argoños. Solo se ha avanzado hacia el derribo. Se han licitado y adjudicado las preceptivas contrataciones de derribo a empresas especialistas, lo cual provoca más tensión y desasosiego en los afectados. Se ha contratado a la empresa Rucecan, el derribo de las 22 viviendas de la urbanización Cerrias II y de las 20 viviendas Entrelindes, y ya con el proyecto está a punto de licitarse el derribo de las 21 viviendas de la urbanización L05, la que está frente a la plaza Adolfo Suarez en el centro del pueblo de Liencres.
Los populares quieren conocer el estado de tramitación del proyecto y valorar junto al consejero Gochicoa la manera de llevar a buen puerto la situación. En cualquier caso, consideran que es fundamental que la alcaldesa explique a los vecinos qué pasa con el plan general, ya que no sólo afecta a los derribos, sino a proyectos empresariales y proyectos personales de cientos de vecinos de Piélagos. De hecho debería ser la herramienta principal para evitar que se repita la historia de los derribos.
Por otra parte, Caramés recuerda que salvar las viviendas también es un beneficio general puesto que supone importantes ahorros en concepto de obras de demolición. En la actualidad Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Piélagos mantienen un convenio de corresponsabilidad en el que se reparten al 50 % la responsabilidad y los costes. La parte municipal sería adelantada por el ejecutivo regional y liquidada por el ayuntamiento en el plazo de 25 años con el fin de no comprometer fatalmente las arcas públicas de Piélagos.
